Acuerdo del Ministerio de Ciencia con OpenAI en Chile: qué define el pacto y qué cuestiona el mundo académico
Tiempo de lectura: 2 minutos El acuerdo que alcanzó el Estado de Chile, a través de la Ministra de Ciencia, y la tecnológica Open AI, ha generado una serie de reacciones que lo cuestionan o, al menos, piden aclarar.
Diversas voces del mundo académico y universitario han surgido luego del acuerdo firmado entre Chile y Open AI. El memorándum, que no autorizaría el acceso a bases de datos del Estado ni comprometería recursos económicos inmediatos, enfrenta cuestionamientos desde la mirada de la soberanía tecnológica, la transparencia y los resguardos de información pública.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, suscribió el documento de tres páginas junto al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en California, en el marco del programa «OpenAI for Countries». El texto establece un marco inicial de cooperación para capacitar a funcionarios públicos, evaluar usos de inteligencia artificial (IA) en servicios del Estado y explorar vínculos con el ecosistema de startups.
Desde el Ejecutivo han enfatizado que el memorándum fue revisado y autorizado por Cancillería, y que cualquier iniciativa concreta que implique costos, condiciones de privacidad o seguridad deberá negociarse y acordarse por separado bajo la normativa vigente.
Divergencias sobre acceso a información
Aun así, la discusión sobre el manejo de información pública ha sido uno de los principales focos de debate entre especialistas. La investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y académica de la Universidad de Chile, Claudia López, advirtió sobre los riesgos a futuro respecto al peso que podría adquirir un único proveedor tecnológico en el Estado, puesto que si una empresa recibe un trato preferente, podría convertirse en «un proveedor privilegiado que tenga una gran cantidad de los datos de la ciudadanía».
Más allá del texto, ex autoridades y voces del ámbito universitario han puesto el acento en cómo se gestionan este tipo de alianzas y qué señales envían respecto a la autonomía digital del país. Para la comunidad científica y tecnológica, el debate no se agota en el acceso inmediato a bases de datos, sino en el rumbo estratégico de la innovación local.
Soberanía tecnológica, transparencia y litigios internacionales
La exministra de Ciencia y actual vicerrectora de la Universidad Alberto Hurtado, Aisén Etcheverry, cuestionó que se asuma sin más la garantía de que no existirá transferencia de información sensible.
Etcheverry también puso en relieve los antecedentes y disputas legales que enfrenta la empresa en Estados Unidos vinculadas a ciberseguridad y protección de menores, en momentos en que el Congreso tramita iniciativas legales sobre resguardo digital infantil. A su juicio, el Estado chileno cuenta con estándares de transparencia y fiscalización que deben primar por sobre los intereses comerciales, y pidió ampliar el horizonte hacia las capacidades propias del país.
«Los estados, y en particular el Estado de Chile, tiene altísimos estándares de transparencia que permiten no solo una sana interacción entre el mundo público y privado, sino que también la fiscalización y el resguardo de que los intereses del país estén siempre cuidados por sobre los intereses de una empresa», expresó.
Asimismo, subrayó que la principal debilidad del entendimiento radica en la falta de una estrategia centrada en la soberanía tecnológica que fortalezca a las universidades y centros de desarrollo nacionales:
«Si es que se va a hacer algo con esa empresa, ojalá se haga con otras también, y ojalá se haga tomando en consideración estas características que no son triviales«, concluyó la ex ministra.