Nueva ley prohíbe a deudores de pensión alimenticia acceder a fondos de investigación ANID

Con una votación decisiva en la Cámara de Diputados sobre el informe de la Comisión Mixta, Chile ha dado un paso histórico al vincular las responsabilidades familiares con el acceso a financiamiento público para la ciencia. La nueva legislación, que se convierte en la primera ley impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), establece una inhabilidad clara para quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, presente durante la votación, enfatizó que la medida no busca ser una sanción, sino un acto de coherencia. «La lógica de este proyecto es simple. Si alguien no cumple con una obligación tan básica, como es la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación», explicó.

Esta modificación a la Ley N° 14.908 responde a la necesidad de prevenir que fondos estatales destinados al desarrollo del conocimiento terminen en manos de quienes eluden sus responsabilidades económicas con sus hijos e hijas, estableciendo un estándar mínimo de cumplimiento para los beneficiarios del sistema científico.

Un doble chequeo para asegurar el cumplimiento

La implementación de esta normativa estará a cargo de la propia Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que deberá realizar una doble verificación automatizada y obligatoria. El primer control se efectuará al inicio del proceso de postulación a cualquier instrumento o concurso. Si en esta etapa se detecta una inscripción vigente en el Registro de Deudores, la postulación será declarada inadmisible.

El segundo chequeo se realizará al momento de la adjudicación de los fondos. De esta manera, se asegura que el postulante mantenga su situación regularizada durante todo el proceso.

La ministra Etcheverry aclaró que la puerta no se cierra de forma permanente. «Si esa persona regulariza la deuda, puede postular», indicó. «Primero cumpla sus obligaciones y después postule. Si está en el registro, no puede seguir el proceso; si regulariza su deuda antes de cualquiera de las etapas, puede continuar, es así de justo», insistió la autoridad, subrayando que la ley funciona como un incentivo al pago y previene, en lugar de reaccionar tardíamente.

Una señal por la niñez y la equidad de género

La iniciativa legislativa nació de la preocupación expresada por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y es el resultado de un trabajo coordinado entre el MinCiencia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las cifras justifican la urgencia de esta medida: actualmente, más de 270.000 personas están inscritas en el Registro Nacional de Deudores, afectando a más de 385.000 niños, niñas y adolescentes. Un dato revelador es que el 96% de los deudores inscritos son hombres, lo que convierte esta ley en una herramienta clave para avanzar en equidad de género.

«Este proyecto es pequeño en extensión, pero dice algo grande: el Estado no puede mirar para el lado cuando alguien le debe a sus hijos o hijas y que el desarrollo, la ciencia y la innovación no se construye a costa de la infancia«, concluyó la ministra Etcheverry, destacando que actuar con coherencia es la mejor forma de generar cambios de comportamiento en la sociedad.