Gobierno alcanza un 32% de cumplimiento en agenda de pesca a meses de finalizar el mandato
Tiempo de lectura: 2 minutos Un reporte del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera destaca hitos como la Ley SBAP y la ratificación del Tratado de Alta Mar, pero advierte que 28 de 44 compromisos, incluyendo la crucial nueva Ley de Pesca, continúan «en proceso».
El Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) presentó su «Reporte de Cumplimiento 2025». Este informe revela que, a meses de finalizar su mandato, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ha cumplido un 32% de sus 44 compromisos en pesca artesanal, acuicultura y desarrollo costero.
«Este estudio busca generar un instrumento de revisión y un mecanismo de priorización y seguimiento de la agenda de política pública pesquera, acuícola y costera», señaló la investigadora del Instituto Milenio SECOS y coordinadora del estudio, Francisca Reyes.
Para llevar a cabo el estudio, se analizaron los compromisos presidenciales asumidos entre marzo de 2022 y junio de 2024. Del total de 44 promesas identificadas, el estudio concluye que 14 ya están cumplidas.
Entre los hitos más relevantes se encuentra la promulgación de leyes de larga tramitación, como la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley Bentónica, que regula la extracción de recursos como locos, erizos y algas. A esto se suma un fuerte impulso a la equidad de género en el sector, con la creación del Registro de Actividades Conexas (RAC) y leyes que aseguran la participación femenina en la administración de caletas y comités de manejo.
En el ámbito internacional, destacan la elaboración de la Política Exterior Turquesa y la ratificación del Tratado de Alta Mar (BBNJ), consolidando la posición de Chile en la protección oceánica.
Nivel de cumplimiento. Créditos: Instituto Milenio SECOS.
Proyectos en deuda
Pese a los avances, el reporte subraya que 28 de los 44 compromisos (64%) siguen «en proceso». El más significativo de ellos es la discusión del proyecto de una nueva Ley General de Pesca, una iniciativa construida a partir de un proceso participativo que busca reformar aspectos centrales como las cuotas de captura entre el sector artesanal e industrial.
Además, se encuentran pendientes la regulación de plantas desaladoras, los ajustes a la Ley Lafkenche sobre Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) y la creación de un contrato especial para buzos. El informe también identifica dos compromisos sin avances registrados: la presentación de un proyecto para restringir la minería submarina y el aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología al 1% del PIB.
Con la mayor parte de la agenda aún en desarrollo, el traspaso a la próxima administración se vuelve crucial. «Poco más de un tercio de los compromisos es posible evaluarlos como cumplidos, pero más de la mitad se encuentran en proceso», advierte Reyes, enfatizando la necesidad de «traspasar el testimonio de la política pública entre administraciones de forma seria y coherente».
El llamado final del reporte es a construir una visión de país oceánico y costero, aprovechando las normativas ya promulgadas y los procesos participativos iniciados para que la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala se consoliden como pilares de sostenibilidad y justicia social en Chile.
