Acuerdo de Escazú en Chile registra un 15% de avance en protección ambiental
Tiempo de lectura: 2 minutos A más de tres años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, un informe de la ONG Escazú Ahora revela un escaso progreso en la implementación de medidas para proteger a los defensores ambientales.
Un serio panorama enfrenta la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile. A más de tres años de que el país adhiriera a este tratado internacional clave para la protección de los defensores del medio ambiente, un reciente informe de la organización no gubernamental «Escazú Ahora» revela que el gobierno del presidente Gabriel Boric solo ha logrado un 15% de avance en las medidas contempladas. La ONG calificó esta cifra como un «acto grave de negligencia».
El «Informe de Análisis de Implementación», que se enfoca en el artículo 9 del acuerdo, detalla que de diez compromisos específicos para garantizar un entorno seguro para los activistas ambientales, solo uno ha sido completado en su totalidad: la creación de un protocolo de protección. Si bien este protocolo es un paso inicial, la organización advierte que no previene ataques ni establece medidas concretas.
Un año y medio de estancamiento
La adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú en marzo de 2022 fue una de las primeras y más potentes señales del enfoque ecologista del gobierno del presidente Gabriel Boric. Un primer informe de «Escazú Ahora» en noviembre de 2023 ya alertaba sobre un avance «nulo» en la materia, lo que generó una respuesta transversal del Parlamento que ofició al Ejecutivo para exigir acciones concretas.
Un año y medio después, la organización denuncia una «alarmante desconexión entre las promesas del Gobierno y la realidad de su cumplimiento».
Esta falta de acción es preocupante en un contexto donde la violencia contra los defensores ambientales va en aumento. Pese a que solo contribuye con un 9% de emisiones globales, Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática y se considera la zona más peligrosa del mundo para los defensores.
El último año de gobierno
Con el 2025 marcando el último año del mandatario, «Escazú Ahora» y otras organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado urgente a «corregir el rumbo». Entre las tareas pendientes se encuentran el proyecto de ley que protege a los defensores de derechos humanos y la implementación de cursos de capacitación para funcionarios públicos, dos medidas que apenas cuentan con un diseño o cronograma.
El Acuerdo de Escazú, impulsado tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 y ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe, se considera un instrumento fundamental para los defensores ambientales.
