Desembocadura del Río Huasco en Atacama es declarada como nuevo Humedal Urbano
Tiempo de lectura: 2 minutos Con la publicación en el Diario Oficial, este ecosistema de 260 hectáreas se convierte en el sitio número 140 protegido bajo la Ley 21.202 en Chile.
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) oficializó la declaración de la Desembocadura del Río Huasco como Humedal Urbano, convirtiéndose en el ecosistema acuático número 140 en ser reconocido bajo el amparo de la Ley 21.202 y el tercero en la Región de Atacama.
Bajo esta normativa, más de 260 hectáreas estarán protegidas, lo que suma más de 16 mil hectáreas que están bajo protección a nivel nacional. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró este avance, enfatizando que «esto reafirma nuestro compromiso con el cuidado de nuestro patrimonio natural».
Al ser uno de los ecosistemas acuáticos más importantes del norte de Chile, la desembocadura del Río Huasco sustenta una rica biodiversidad que incluye más de 150 especies registradas, muchas de las cuales dependen exclusivamente de este hábitat para su alimentación, descanso y reproducción.
«El humedal de Huasco es uno de los ecosistemas más relevantes de la región, ya que concentra una gran cantidad de avifauna, muchas de ellas migratorias. Estamos muy contentos de resguardarlo entregando protección y gestión posterior de la mano del municipio de Huasco», destacó la seremi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, Natalia Penroz.
Entre las especies que ahora cuentan con un entorno protegido destacan aves emblemáticas y de alto valor para la ornitología nacional, como el Cisne coscoroba, la Garza cuca, el Pilpilén común y el Zarapito.
Fortalecimiento de la Ley de Humedales
La Ley 21.202 no solo establece el perímetro de protección, sino que obliga a la implementación de una ordenanza municipal para asegurar la gestión sostenible del área, prohibiendo actividades que alteren su equilibrio ecológico, como el drenaje de aguas o la disposición de residuos.
Así, la protección de la Desembocadura del Río Huasco responde a una demanda sentida por la comunidad local y las organizaciones ambientales, quienes ven en este reconocimiento una herramienta legal robusta para frenar el deterioro ambiental y fomentar la educación científica y el turismo de naturaleza responsable.
