Reforma a la Ley de Glaciares en Argentina: Advierten su impacto en Chile por ecosistemas compartidos
Tiempo de lectura: 2 minutos Tras la iniciativa aprobada en Argentina que permite proyectos extractivos en áreas periglaciales, organizaciones ambientales en Chile advierten sobre un «retroceso histórico» que pone en riesgo las reservas hídricas de la región.
Tras un intenso debate legislativo, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, una normativa que desde 2010 era considerada pionera en Latinoamérica por su estricta protección de la criósfera. La nueva modificación, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, otorga a las provincias la potestad de redefinir las zonas periglaciales, abriendo la puerta a proyectos de minería de litio, cobre y oro en áreas anteriormente protegidas.
La votación, que concluyó con 137 votos a favor y 111 en contra, ha generado una oleada de críticas no solo en Argentina sino que también en Chile, dado que posee cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica. Desde el ámbito local, expertos advierten que la naturaleza no reconoce fronteras políticas y que la degradación de las cuencas en la vertiente oriental de los Andes tendrá repercusiones directas en el equilibrio ecosistémico compartido.
Matías Asun, director de Greenpeace Chile, calificó la reforma como un «preocupante retroceso ambiental». «Corremos el riesgo de perder reguladores naturales del clima, reservas de agua sólida que se descongela en épocas más cálidas y lleva agua a sectores áridos, y de esta manera afectar no solo al ambiente sino también a las economías regionales que dependen del agua de glaciares para desarrollarse», señaló a Cooperativa Ciencia.
Por su parte, Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, enfatizó que la transferencia de facultades a las provincias debilita los estándares de protección global. «Esto marca un precedente regional en materia de regulación ambiental que podría influir en el debate en Chile«, mencionó. «Hoy no contamos con una ley de glaciares, se han retirado decretos asociados a áreas protegidas y existe una agenda orientada a agilizar la aprobación de proyectos industriales, más que a fortalecer la fiscalización ambiental», agregó Espinosa.
El Gobierno argentino celebró la decisión del Parlamento
Tras el resultado en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo argentino celebró la medida como un paso hacia la «seguridad jurídica» y el desarrollo económico. Sin embargo, científicos y ambientalistas denunciaron que se está hipotecando la seguridad hídrica de las futuras generaciones frente al avance de la crisis climática.
El conflicto se basa principalmente en la intervención del ambiente periglacial, aquellos terrenos congelados que rodean a los glaciares y que actúan como reguladores hídricos. Según la diputada opositora argentina Gabriela Estévez, aunque estos ecosistemas representan solo el 0,4% del territorio argentino, constituyen la mayor reserva estratégica de agua dulce del país.
El riesgo para las reservas de agua
La reforma permite que cada provincia determine, bajo criterios técnicos propios, qué zonas periglaciales poseen una «función hídrica relevante». Para las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), esto elimina trabas a la inversión. Sin embargo, para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, esta discrecionalidad técnica generará una asimetría regulatoria, donde las provincias podrían competir por atraer inversiones flexibilizando sus estándares ambientales.
Actualmente, se estima que existen más de 325 proyectos mineros en Argentina, muchos de los cuales se encuentran en zonas de alta montaña. Un informe previo ya advertía que al menos 44 proyectos afectaban directamente áreas protegidas por la ley anterior, cifra que podría aumentar exponencialmente con el nuevo marco legal.
El conflicto ahora se traslada al plano judicial. La provincia de La Pampa ya presentó un amparo colectivo por la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que la afectación del río Colorado —que nace en zonas glaciares andinas— vulnera el derecho humano al agua.
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