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Incendios forestales en el Biobío y Ñuble: Expertos urgen avanzar hacia paisajes resilientes

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Tiempo de lectura: 3 minutos Tras los siniestros en la zona centro-sur de Chile, que ya han cobrado la vida de 19 personas y afectado miles de hectáreas, investigadores proponen un cambio de paradigma basado en el manejo integrado del fuego y el ordenamiento territorial.

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La zona centro-sur de Chile enfrenta una de sus crisis ambientales y sociales más graves del último tiempo. Tras un fin de semana marcado por focos aislados que rápidamente escalaron en magnitud, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Según los últimos reportes, la cifra de fallecidos asciende a 19 personas, mientras que los damnificados superan los 1.500.

En términos de impacto ambiental, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que los megaincendios en la región del Biobío ya han consumido más de 20 mil hectáreas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura indicó que en Ñuble los siniestros han afectado preliminarmente unas 5.000 hectáreas.

En este escenario, el académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACh), Mauro González, sostuvo que es urgente transitar hacia un «Manejo Integrado del Fuego». Este enfoque propone un cambio de paradigma que va más allá del control reactivo.

«Debemos avanzar hacia la prevención, preparación y adaptación de manera de convivir y evitar de la mejor manera las pérdidas y daños sociales, ambientales y económicos», señaló el investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Este marco conceptual integra factores ecológicos y socioeconómicos, priorizando la reducción de biomasa y la creación de una mayor heterogeneidad estructural en el territorio para fortalecer la resiliencia del paisaje.

Zonas de interfaz urbano-forestal

En Chile, más del 93% de los incendios forestales están vinculados directamente a la acción humana, con un 55% derivado de negligencias y un 38% de carácter intencional. Además, el 60% de estos siniestros se originan en zonas de interfaz urbano-forestal, donde las infraestructuras humanas colindan con vegetación combustible, configurando condiciones de alta exposición al riesgo de incendio.

El investigador del CR2 y director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, destaca la importancia de estas zonas. «No puede haber cercanía entre las viviendas y las plantaciones o bosques. Tienen que haber zonas de protección que, al menos en zonas planas, sean de 400 metros. Y en zonas de pendiente esos valores pueden crecer por dos o cuatro, o sea podría ser hasta 1.600 metros si la pendiente son un 40% o unos 22 grados de inclinación», señala.

Paisaje diverso: Una clave para frenar la propagación de megaincendios

Para ambos investigadores del CR2, el ordenamiento territorial es la herramienta que Chile debe desarrollar. González sugiere que es necesario diversificar el uso del suelo y restringir ciertas coberturas vegetales en áreas sensibles. «En Portugal, por ejemplo, existen lugares donde no se permite plantar eucalipto porque ya existe continuidad de ese tipo de vegetación y se sabe que, cuando se quema, es muy difícil apagarlo», explica el investigador.

La propuesta científica apunta a transformar el paisaje actual a uno más diverso que actuaría como una barrera natural: al cambiar el tipo de vegetación, el fuego disminuye su intensidad, facilitando las labores de control.

«Hay que avanzar hacia paisajes mosaicos que incorporen agricultura, viñedos, frutales, entre otros usos. Yo veo con mucha preocupación las parcelaciones de agrado. Hay un decreto de Ley 3.516 que permite hoy día subdividir el suelo rural y generar parcelaciones de media hectárea. La gente no puede vivir en el bosque», menciona Sarricolea.

Finalmente, si bien Chile cuenta con una institucionalidad mejor organizada y redes de prevención comunitaria con más de 300 localidades activas, el desafío sigue siendo estructural. Los científicos apuntan a la necesidad de políticas públicas que incentiven a actores públicos y privados a reducir la biomasa en áreas de alto riesgo, especialmente en la interfaz urbano-rural, para enfrentar una era de incendios sin precedentes.


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