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Comunidad científica reacciona al retiro de 43 decretos ambientales: «Es una señal de desprotección»

Comunidad científica reacciona al retiro de 43 decretos ambientales: «Es una señal de desprotección»

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Tiempo de lectura: 2 minutos Expertos advierten que la medida por parte del Ministerio del Medio Ambiente deja en la incertidumbre años de trabajo técnico, evidencia científica y participación ciudadana destinados a proteger ecosistemas de Chile.

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Diversas reacciones han emanado desde la comunidad científica y ambiental tras conocerse que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), liderado por la ministra Francisca Toledo, solicitó el retiro de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República. La medida, oficializada mediante el Oficio Ordinario N.º 01707/2026, paraliza de forma inmediata la protección legal de ecosistemas estratégicos y especies en peligro crítico.

Desde la academia y las ONG especializadas, la crítica es unánime: el retiro masivo de estas normativas representa un retroceso institucional sin precedentes en la historia ambiental reciente del país, especialmente al ocurrir a menos de una semana del inicio de la administración del presidente José Antonio Kast.

«Es una pésima señal porque indica que no hay un estudio del mérito, sino una voluntad política por eliminar regulación ambiental que es parte de procesos de años. La ministra debe dar una explicación de por qué está haciendo esto», afirmó el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa.

Una señal de «incertidumbre» para la ciencia aplicada

Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago (Usach) y experto en derecho ambiental, el retiro de estos reglamentos es «una señal de desprotección ambiental» que afecta directamente la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

«La situación es muy crítica porque estamos en un proceso de implementación de una institucionalidad nueva. Estos procedimientos no se elaboran de un día para otro; requieren la coordinación de varios órganos y procesos de consulta pública. Queda la incertidumbre de si se le va a dar valor o no a esos procedimientos científicos y ciudadanos», explicó Aranda. El académico subrayó que es «muy raro» y llamativo que se retiren tantos decretos de una sola vez y sin expresión de causa técnica.

Impacto en especies como el pingüino de Humboldt y ranita de Darwin

La preocupación científica se intensifica al revisar el listado de especies y ecosistemas que pierden, momentáneamente, su respaldo legal. Por ejemplo, fue retirado el decreto que buscaba declarar al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) como Monumento Natural. Desde Oceana Chile manifestaron que esta medida «no se condice con la mejor evidencia científica disponible», la cual documenta declives poblacionales alarmantes de esta especie en las costas chilenas.

Otro decreto retirado es el que crea el Parque Nacional «Mar de Juan Fernández». Con una superficie de 193.998 km² y un 87% de endemismo en sus especies de peces, este ecosistema es considerado un laboratorio natural único en el mundo. Su paralización frena no solo su resguardo, sino también el financiamiento para planes de manejo científico.

En el ámbito de la fauna anfibia, la ONG Ranita de Darwin también alzó la voz ante el retiro del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de esta especie. «Esta era la última etapa necesaria para que dicho plan fuese oficializado. Hacemos un llamado a las autoridades a priorizar su revisión y reingreso, ya que es un instrumento técnico de coordinación fundamental», indicaron desde la organización.

Finalmente, colectivos como Geógrafas Chile advirtieron que estas decisiones atentan contra la seguridad territorial y ambiental de las comunidades. Mientras el Gobierno argumenta que el retiro es un procedimiento administrativo común, la comunidad científica insiste en que la desprotección de ecosistemas como el Salar de Pedernales en Atacama deja a la biodiversidad chilena en una vulnerabilidad jurídica de difícil reparación.


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