«Impunidad para proyectos ilegales»: Abogados ambientalistas cuestionan el proyecto de Ley de Reconstrucción
Tiempo de lectura: 2 minutos Expertos en derecho ambiental advierten que la propuesta del Ejecutivo para agilizar la inversión desmantela la justicia ambiental en Chile, creando un «seguro» que indemnizaría a empresas cuyos permisos sean anulados por ilegalidades.
El ingreso al Congreso del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social ha causado reacciones en la comunidad científica y jurídica de Chile. Aunque el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para combatir la «permisología» y aumentar el PIB en un 2,9% en diez años, desde el mundo ambiental denuncian que las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la Ley de Monumentos Nacionales representan un retroceso sin precedentes en la protección de los ecosistemas.
Una de las críticas principales es la creación de un mecanismo de restitución de gastos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. En la práctica, si una empresa obtiene un permiso con vicios o errores y un tribunal lo revoca, el Estado —con recursos públicos— deberá compensar la inversión realizada.
Desde ONG FIMA señalan que el proyecto propone «impunidad para proyectos ilegales». Su director ejecutivo, el abogado Ezio Costa, asegura que se busca dar inmunidad a proyectos que afecten ilegalmente al medio ambiente. «Este seguro significa traspasarle todo el riesgo a la sociedad de las acciones que realizan empresas que no hacen bien su trabajo. Se está pasando por encima de quienes sí cumplen para dar beneficios a quienes no lo hacen», enfatiza.
El proyecto también ha sido criticado por limitar las medidas cautelares. El documento propone que los tribunales solo puedan paralizar obras cuestionadas por un máximo de seis meses. Según los expertos, este plazo es insuficiente para procesos judiciales complejos, lo que permitiría que proyectos potencialmente dañinos sigan construyéndose antes de que se dicte una sentencia final, vulnerando el principio preventivo del derecho ambiental.
Riesgos para la biodiversidad nacional
La reforma también introduce cambios estructurales en la forma en que se evalúan los proyectos. Entre ellos, la reducción de las «adendas» (instancias donde la autoridad pide aclaraciones a la empresa) y la limitación de las vías para impugnar las RCA. Para Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental y candidata de decana de Derecho de la Universidad de Chile, esto restringe el acceso a la justicia ambiental en todo el territorio nacional.
Moraga advierte que blindar proyectos que no se ajustan a la legalidad afecta directamente el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático. «Al limitar el acceso a la justicia, se limita la protección de cualquier ecosistema y la adaptación al cambio climático, ya que la autoridad ambiental no es infalible y por eso existen los recursos judiciales», explica la abogada.
El proyecto también hace referencia al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ampliando de dos a cuatro años el plazo para dictar reglamentos y postergar hasta cinco años la definición de sitios prioritarios para la conservación. Asimismo plantea facilidades para la relocalización de salmoneras sin ingreso automático al SEIA.
