Informe revela amenazas y hostigamiento contra defensores ambientales
Tiempo de lectura: 2 minutos La Fundación Escazú presentó los hallazgos de su informe anual, el cual documenta la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes protegen los ecosistemas locales.
La Fundación Escazú presentó por primera vez en un espacio académico su informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en el país. El documento entrega datos sobre la violencia y el hostigamiento que sufren líderes comunitarios al denunciar irregularidades que afectan directamente a la biodiversidad y la salud de sus territorios.
El informe profundiza en casos emblemáticos. Entre ellos, destaca la historia de Rosa Salas, vecina de la comuna de El Monte, y la de Alejandra Parra en la Región de La Araucanía, quien ha liderado la resistencia frente a proyectos de incineración de basura.
Desde 2017, Salas ha denunciado presuntas irregularidades en la extracción de áridos en las cercanías del Río Maipo. De acuerdo con Fundación Escazú, su labor de fiscalización ciudadana derivó en una serie de represalias y amenazas que afectan su integridad.
«Cuando vi las afectaciones, busqué respuestas en la municipalidad, pero no tuve una buena recepción», relató Salas durante la presentación. La defensora describió un patrón de amedrentamiento que comenzó tras lograr que se cursaran multas ambientales: «Sentí que, si insistía con la denuncia, podían sancionarme por una irregularidad en mi propia propiedad».
Salas destaca el daño al humedal protegido que conecta las zonas de El Monte, Melipilla e Isla de Maipo. Según la denuncia, las faenas de extracción atraviesan directamente áreas declaradas bajo protección, alterando ecosistemas hídricos fundamentales para la resiliencia climática de la zona central de Chile.
Hacia mecanismos de protección integral para activistas
La visibilización de estos casos busca abrir un debate sobre la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Chile. Joaquín Salinas, Coordinador de Documentación de Escazú Ahora, enfatizó que estas personas no son agentes externos, sino vecinos y dirigentes que identifican daños ambientales que merman su calidad de vida y la de sus comunidades.
«Hablar sobre personas defensoras es reconocer su labor para avanzar en mecanismos de protección que sean integrales y que permitan un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos», señaló Salinas. El informe subraya que la violencia contra defensores ambientales en Chile no es un fenómeno aislado, sino una respuesta sistemática frente a la fiscalización de actividades extractivas o proyectos industriales de alto impacto.
