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2025 registra récord histórico de agresiones contra defensores ambientales en Chile

2025 registra récord histórico de agresiones contra defensores ambientales en Chile
Créditos Salvador Parra

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Tiempo de lectura: 2 minutos Un nuevo informe de la ONG Escazú Ahora revela un incremento del 148,2% en los actos de violencia. Además, por primera vez, la Región Metropolitana lidera las cifras de ataques, afectando mayoritariamente a mujeres y activistas territoriales.

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El año 2025 se registró como el periodo más violento para quienes custodian el patrimonio natural en Chile. Según el último reporte de la ONG Escazú Ahora, la situación de las personas defensoras ambientales documentó un aumento sin precedentes en la cantidad de víctimas y agresiones en comparación con los registros de 2024.

La investigación, que abarca los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, verificó un total de 72 agresiones dirigidas a 67 personas. Este incremento del 148,2% pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes se oponen a proyectos extractivistas o denuncian daños al ecosistema en un contexto de crisis climática global.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la feminización de la resistencia ambiental. El 55,2% de los casos de agresión fueron dirigidos hacia mujeres, quienes lideran gran parte de las defensas territoriales en el país. En términos etarios, el 76,1% de las víctimas se concentra en el tramo de los 31 a los 60 años.

La Región Metropolitana en el foco

Por primera vez desde que se iniciaron estos registros en 2023, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos con un 29,9%. Le siguen La Araucanía (22,4%), Los Ríos (14,9%) y Valparaíso (9%), evidenciando que el conflicto ambiental ha escalado desde las zonas rurales y de sacrificio hacia los centros urbanos y administrativos del país.

Joaquín Salinas, investigador del informe, enfatiza la relevancia de estos datos: «Documentar la situación de las personas defensoras implica reconocer su rol en la protección del medio ambiente y visibilizar los contextos de violencia en los que desarrollan su labor. Esto se proyecta a través de indicadores como las formas de agresión, el género y la pertenencia a pueblos indígenas».

De la agresión física a la difamación

El estudio de Escazú Ahora identifica una mutación en las tácticas de hostigamiento. Si bien las agresiones físicas representaron un 33,3% del total, manteniendo la tendencia del año anterior, se registró un salto en las campañas de desprestigio. La difamación pasó de un 4,2% en 2024 a un preocupante 36,1% en 2025, sugiriendo una estrategia sistemática para deslegitimar las causas ambientales ante la opinión pública.

Pese a la gravedad de las cifras, el sistema judicial chileno muestra una respuesta insuficiente. El informe revela que el 82,9% de las denuncias realizadas permanece en trámite, lo que refleja una persistencia de diligencias pendientes por parte de las instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos. Además, un 31,5% de los afectados decidió no iniciar acciones legales, muchas veces por desconfianza en el sistema o temor a represalias.

Alejandra Parra, defensora ambiental citada en el documento, advirtió sobre la fragilidad del escenario actual: «En un gobierno que desprotege la naturaleza, la situación de las y los defensores se hace más peligrosa. Los tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Acuerdo de Escazú, se vuelven una herramienta de defensa indispensable frente a la regresión ambiental».

El informe concluye que la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú ya no es solo una opción diplomática, sino una urgencia para garantizar la integridad de quienes, en cada territorio, hacen de la defensa del ambiente su principal forma de resistencia. El documento completo con la metodología y testimonios está disponible para el público en el sitio web oficial de la organización.


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